La División de Poderes y la Teoría de los Frenos y Contrapesos


Por Hugo Martínez Montoya


Cuando se vive en un Estado como el Mexicano en el siglo XXI, es fácil asimilar y describir a la división de poderes como parte de la estructura política y jurídica de la que se expresa siempre como tripartita.
Lo anterior merece que tengamos una visión histórica y causalista sobre la necesidad que llevó a los Estados Modernos a implementar este sistema propuesto inicialmente por John Locke y desarrollado por Montesquieu.
Por lo que viéndolo “desde el punto de vista histórico, a la centralización del poder, representada por las monarquías absolutistas, siguió la especialización de las funciones políticas desarrollada por las democracias modernas”.[1] Entendiendo que un Estado Democrático actualmente solo puede concebirse como el que es regulado a través de una constitución, la cual contiene cómo mínimo un catálogo de derechos humanos y que el poder del Estado se encuentre dividido en entes con competencias y con facultades bien definidas, con la particularidad de delimitar funciones de tal suerte que uno no invada al otro y que así el poder no pueda estar concentrado en un solo ente o persona.   
Por lo anterior y con objeto de establecer equilibrio, Montesquieu dice que “ha de procurarse la división de los poderes de acuerdo con el contenido de sus funciones, fijando con claridad sus respectivas esferas de competencia, evitando las interferencias de la actividad de unos en los campos correspondientes de los demás”. [2]
La obra de Montesquieu se dejó sentir seriamente en la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, así como en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en esta última se dispuso en su artículo 16° que “un Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes no tienen constitución”.[3]
Hoy en día en nuestra carta magna tenemos establecido la doctrina de Montesquieu de los Frenos y Contrapesos, el cual se puede ver en el artículo 49° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” y además prohíbe a través de este precepto jurídico que “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.”[4]
No está demás comentar que en nuestro país se habla siempre que la división de poderes es tripartita, pero luego entonces me pregunto, ¿y los organismos autónomos?, le invito a revisar nuestra estructura y definir la importancia que ha resultado en nuestro país de no solamente dividir el poder sino la creación de instituciones autónomas e independientes de los tres poderes ya constituidos.
Organismos autónomos de los tres poderes convencionales:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional Electoral, etc. Además ya se acerca la hora de conocer la nueva Fiscalía General de la República autónoma del Ejecutivo Federal.
Saludos.

       




[1] Rojas Amandi Víctor Manuel, Filosofía del Derecho, Oxford, México, 2000, pág. 134
[2] Porrúa Pérez Francisco, Teoría del Estado, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 393
[3] Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, trad. Francisco Ayala, Editora Nacional, México, s.d. pág. 147 
[4] Artículo 49° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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