La Desaparición Forzada de Personas en México

Por Hugo Martínez Montoya


La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, firmada el día 9 de junio de 1994 y ratificada por el Estado Mexicano el día 9 de abril del año 2002, considera en su artículo II a la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.[1] En virtud de tal premisa normativa, me permito expresar que la desaparición forzada en nuestro país es una práctica común y por ende una línea a seguir fundada en las instrucciones de los mandos policiacos del Estado Mexicano; es preciso mencionar que mi aseveración corresponde a las lamentables desapariciones en manos de las autoridades que al día continúan sucediendo en territorio mexicano, como es el caso “Ayotzinapa”, y si a eso le agregamos las recientes declaraciones de la encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República respecto a que hay 23 mil 271 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y extraviadas en el país,[2] aun cuando esta cifra no corresponde únicamente a desapariciones forzadas, todo indica que el Estado Mexicano no tiene una estructura adecuada ni un plan eficaz para frenar este tipo de hechos que agravian a los que habitamos en México.
Las corporaciones policíacas en nuestro país en ocasiones son tan poco profesionales que han recurrido a las violaciones a los derechos humanos para entonces “reprimir” las presuntas conductas antisociales o personas que a simple juicio del agente del Estado es “sospechoso” de “algo”. 
El Comité contra la Desaparición Forzada en el mes de febrero del año 2015, hizo observaciones al Estado Mexicano, al respecto recomendó “…que el Estado parte adopte las medidas legislativas necesarias con miras a que, tanto en la legislación federal como en la estatal, se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en los términos establecidos en la Convención”.[3] Lo anterior, deja claro que las instrucciones de los superiores jerárquicos al no tener asignada una responsabilidad directa hace permisible la adecuación de la estructura institucional y logra promover la impunidad y la mecánica que conlleva a la violación sistemática de derechos humanos.
Esperemos pacientemente que el Congreso de la Unión se ponga a trabajar y expida YA POR FAVOR la Ley General Contra la Desaparición Forzada.




[1] Artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
[2] http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-mexico-hay-23-mil-271-personas-desaparecidas-o-no-localizadas-pgr.html
[3] Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada en sesión celebrada el 11 de febrero de 2015

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