JUEZ SIENTA ANTECEDENTE EN CONTRA DEL ARRAIGO



POR: María de la Luz González

MÉXICO, D.F., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal con sede en San Luis Potosí declaró que el arraigo penal es inconvencional, pues viola disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el Estado mexicano está obligado a respetar, y concedió a un demandante el amparo en contra de esta medida.

José Luis Cruz Álvarez, juez tercero de Distrito en San Luis Potosí, al resolver el juicio de amparo 908/2011 estableció que el arraigo vulnera el derecho a la libertad personal y las garantías de presunción de inocencia y derecho de circulación y residencia, tuteladas por la Convención Americana de Derechos Humanos.


La sentencia es la primera sobre el tema de un juez federal con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte, que facultó a todos los tribunales del país para realizar el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.


Esto implica la obligación, para todos los jueces, de verificar que las normas internas sean compatibles con la Constitución y con tratados internacionales sobre derechos humanos y, de no ser así, dejar de aplicarlas en el caso concreto que estén juzgando.


En este asunto, el juzgador determinó que el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, en que se fundamentó el juez octavo del Ramo Penal para decretar la orden de arraigo reclamada, es incompatible con los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no debía concederse.


Por ello, resolvió que lo procedente es conceder al quejoso el amparo y la protección de la justicia federal que solicita, para el efecto de que la citada autoridad judicial responsable deje insubsistente dicha resolución y dicte otra en la que determine, por las razones expuestas en esta ejecutoria, que no es procedente decretar la medida precautoria solicitada por el representante social consignador; Cruz Álvarez señaló que, al ejecutarse una orden de arraigo, el indiciado no es llevado inmediatamente y sin demora ante un juez para que resuelva su situación jurídica, ya que incluso pueden transcurrir hasta 30 días para que ello suceda, quedando mientras tanto a disposición de la autoridad persecutora del delito.


Agregó que tampoco se da al indiciado el tratamiento de inocente, ya que éste es detenido arbitrariamente para ser investigado, cuando lo correcto debiera ser llevar a cabo una investigación para posteriormente detener a aquél, además de que se le impide salir de un domicilio y queda bajo la custodia y vigilancia de la autoridad investigadora, lo que contraviene la Convención Americana.


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