EL DERECHO MIGRATORIO INTERNACIONAL


La soberanía del Estado es el punto tradicional de partida al momento de considerar el derecho migratorio internacional. Los Estados tienen autoridad sobre su territorio y su población. Ellos pueden decidir quién puede y quién no puede ingresar a su territorio. Los Estados pueden asegurar sus fronteras y decidir sobre las condiciones de ingreso y permanencia, así como sobre las condiciones de expulsión.

Los Estados ya no tienen una autoridad ilimitada sobre los asuntos migratorios. El derecho internacional, incluyendo los tratados a escala bilateral, regional o internacional, algunas veces limitan la autoridad del Estado sobre cuestiones como el ingreso, la salida, y la remoción. Los Estados ahora tienen un número de responsabilidades internacionales que limitan o restringen su autoridad sobre la migración. El derecho migratorio internacional se refiere a la suma de estas responsabilidades internacionales. El derecho migratorio internacional es la rama del derecho en donde los Estados han buscado gestionar algunos aspectos de la migración a escala internacional. El derecho migratorio internacional tiene un ámbito que es difícil de especificar acertadamente. Cubre una red de relaciones legales, que pueden ser de Estado a Estado o de Estado a Individuo. Se encuentra a escala bilateral (en donde un Estado entra en arreglos con otro Estado), a escala regional, y a escala multilateral.

No existe una legislación internacional que haya desarrollado las leyes de la migración internacional. Es una rama del derecho que se ha desarrollado a través del tiempo y que continúa desarrollándose conforme continúa la necesidad de cooperación internacional.

Existe un número de normas y áreas de preocupación que limitan la autoridad de los Estados en asuntos de migración. Éstas son descritas en los puntos importantes señalados a continuación:
Derechos Humanos


No discriminación
Libertad de movimiento
Asilo
No devolución
Unidad familiar
Garantías procesales en áreas como detención o expulsión
El deber de los Estados para aceptar a sus ciudadanos que son retornados

Acceso Consular
Trata y Tráfico de Migrantes
Otras áreas reguladas por acuerdos internacionales, por ejemplo, migración laboral o migración irregular

Los Estados también han suscrito un número vasto de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, que centran su atención en asuntos migratorios y que se han convertido en parte del derecho migratorio internacional. Son muy numerosos para abordarlos aquí. Un área que debe resaltarse es la migración laboral. Ésta ha sido abordada a escala multilateral, a través de estándares y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias. Existe también un gran número de instrumentos bilaterales entre países emisores y receptores que regulan esta área.

Puntos Importantes
Los derechos humanos aceptados internacionalmente, imponen límites a lo que los Estados pueden y no pueden hacer a las personas dentro de su territorio. Generalmente, los derechos humanos y los derechos relacionados con el movimiento en particular, son elementos del derecho migratorio internacional. Las leyes nacionales deben encontrarse de conformidad con estas normas internacionales en los casos que aplique.


Existe un número de derechos humanos conocidos como “derechos relacionados con el movimiento” que son particularmente relevantes para los migrantes:


Libertad de Movimiento es un principio fundamental en el contexto de la migración internacional, el cual se encuentra en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.


Cualquier persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado deberá, dentro de ese territorio, tener el derecho a la libertad de movimiento y libertad para elegir su lugar de residencia.
Cualquier persona será libre de salir de cualquier país, incluyendo el suyo propio.
Los derechos antes mencionados no estarán sujetos a ninguna restricción, excepto a aquéllas establecidas en las leyes, las necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral, o los derechos y libertades de otros, y que sean consistentes con otros derechos reconocidos en la Convención..
Nadie deberá ser privado de manera arbitraria del derecho de entrar a su propio país.


Los tratados internacionales sobre derechos humanos generalmente incluyen una cláusula de no discriminación, que señala que los Estados deben garantizar los derechos humanos a todas las personas dentro de su territorio sin hacer distinciones de ningún tipo, incluyendo raza, color, género, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, u otros indicadores de estatus.1


Los derechos de no discriminación requieren que las leyes y políticas del Estado no discriminen a los migrantes. Este principio de no discriminación limita las distinciones que los Estados pueden hacer entre sus ciudadanos y los migrantes. Aunque pueden permitirse algunas diferencias en el trato, no pueden basarse en ninguno de los criterios señalados en el punto anterior.


Todas las personas tienen el derecho de buscar asilo, pero un Estado no tiene un deber legal correspondiente a garantizar asilo o a permitir a los solicitantes de asilo que ingresen a su territorio. Sin embargo, una vez que un Estado reconoce a un refugiado, entra en vigor el principio de no devolución. Esta es una norma fundamental del derecho migratorio internacional, y limita estrictamente la autoridad de los Estados para remover a personas de su territorio. Significa que un Estado no puede enviar a nadie de regreso a un país en donde pueda ser perseguido(a). La Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, amplía este principio y prohíbe que una persona sea retornada a un país en donde pueda sufrir actos de tortura.


La autoridad de los Estados de utilizar sus leyes nacionales para regular quién puede ingresar, permanecer, o abandonar su territorio, está limitada por el derecho internacional relacionado con la unidad familiar y con “los mejores intereses de los menores”. Los instrumentos de derechos humanos protegen la unidad familiar reconociéndola como la unidad fundamental de la sociedad. Por ejemplo, el derecho internacional relacionado con la familia, afecta claramente la autoridad nacional de expulsar o deportar a una persona de su territorio, toda vez que el interés de la familia por permanecer intacta, debe ser tomado en cuenta y equilibrado con los intereses del Estado. En casos que involucran a menores, los “mejores intereses del menor” es también un factor supremo, limitando el derecho del Estado de remover a un extranjero de su territorio. Además, la unidad familiar incluye la reunificación familiar en casos en donde una familia haya sido separada. Esto puede imponer una obligación positiva a un Estado para permitir el ingreso a una persona.


Los Estados no pueden detener o expulsar extranjeros a su voluntad. Una expulsión no puede ser ni arbitraria ni discriminatoria. Existen ciertas garantías o estándares de derechos humanos internacionales que deben ser respetadas. Por ejemplo, un Estado estaría violando sus responsabilidades internacionales si decidiera expulsar a todas las personas de cierta raza. Las expulsiones y detenciones no deben llevarse a cabo con maltrato o tortura. Debe respetarse el debido proceso. Bajo el derecho internacional, un extranjero tiene el derecho de solicitar la revisión de su decisión de expulsión y de tener representación apropiada.


El deber de los Estados de aceptar el retorno de sus nacionales, es generalmente aceptado como norma del derecho internacional consuetudinario. Este deber no está explícitamente mencionado en un tratado internacional, pero parte del derecho de los Estados de expulsar extranjeros no deseados. Para que ese derecho sea efectivo, otro Estado tiene que permitir que el individuo ingrese. De forma más lógica, es el Estado de origen quien debe permitir que el extranjero regrese. Esta obligación se ve en algunos documentos a escala internacional, por ejemplo, el Programa de Acción de El Cairo de 1994, señala que “los gobiernos de países de origen de migrantes indocumentados y las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, tienen la responsabilidad de aceptar el retorno y reintegración de esas personas, y no debe penalizar a esas personas a su regreso”. El Programa de Acción es, sin embargo, un instrumento no vinculante. Para aclarar la obligación, los Estados de retorno y los Estados de origen de forma creciente están celebrando acuerdos bilaterales conocidos como “acuerdos de readmisión”. En la práctica, la obligación de readmitir es a menudo obstaculizada por la falta de documentos de viaje o de identificación.


Un Estado que detiene a un extranjero debe avisarle al individuo de su derecho a contactar a las autoridades consulares de su país de origen. El derecho al acceso consular es bien aceptado en el derecho internacional y está plasmado explícitamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Es otro ejemplo de cómo el derecho internacional limita la autoridad de los Estados sobre una persona en su territorio.

Lo Que Usted Debe Saber En Materia De…

Libertad de Movimiento

La libertad de movimiento y residencia dentro de la frontera de un Estado aplica únicamente a las personas que se encuentran legalmente dentro del territorio de un Estado, no a migrantes indocumentados o a migrantes en situación irregular.

El derecho de salir de cualquier país, incluyendo el propio, implica el derecho a viajar y a tener acceso a los documentos de viaje apropiados.

Bajo el derecho internacional, no existe un derecho correspondiente al ingreso al territorio de otro país. Esto crea una limitación mayor sobre el derecho a la libertad de movimiento, y es un ejemplo de la brecha en el derecho migratorio internacional.

El derecho a la libertad de movimiento y residencia, y la libertad de salir de cualquier país, puede ser restringido en ciertas circunstancias, si estas restricciones:
Están señaladas por ley y existen en la legislación nacional – una mera disposición administrativa no es suficiente
Son consistentes con los otros derechos reconocidos en la Convención. Por ejemplo, si a una persona se le prohíbe el derecho de salir del país únicamente por sus creencias religiosas, esto no sería compatible con el derecho de libertad de religión, a menos que sirva a uno de los propósitos listados en el Artículo 12(3) de la Convención que justifique interferencia con la libertad de movimiento sobre la base de la seguridad nacional, orden público, salud pública o moral, y protección de los derechos y libertades de otros.

El derecho de ingresar al propio país ha sido sujeto de amplio debate, debido a que el concepto de “propio país” genera temas tales como si la ciudadanía es un requisito. Este derecho incluye a extranjeros y apátridas que tienen fuertes vínculos con un Estado de forma tal que lo perciben como su propio país de origen, por ejemplo, residentes con prolongados períodos de estancia.

Derecho Internacional, Trata de Seres Humanos, y Tráfico de Migrantes

Con el incremento de la migración irregular, ha habido un incremento correspondiente en el nivel de trata de seres humanos y tráfico de migrantes a lo largo de las fronteras. Los Estados se han dado cuenta de que este aspecto de la migración debe ser abordado a escala internacional, y existen esfuerzos de cooperación vigentes.

Un número de tratados internacionales aborda el tema, particularmente la trata de mujeres y menores. Los tratados más recientes que discuten específicamente la trata y tráfico son dos de los Protocolos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. El Protocolo contra la Trata, el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Menores, hace un llamado a los Estados para que prevengan y combatan la trata y protejan y asistan a las víctimas, y busca promover la cooperación entre los Estados.

Un incremento en el número de ratificaciones significará que los Estados están tomando un enfoque uniforme para prevenir la trata y apoyando a las víctimas de trata.

El Protocolo contra el Tráfico, el Protocolo en Contra del Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, busca prevenir y combatir el tráfico de migrantes, y promover la cooperación entre Estados, al tiempo que protege los derechos de los migrantes traficados.

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