APUNTES DE DERECHO PENAL I

1.- Derecho penal

1.1.- Introducción.

Es una característica fundamental del ser humano el de la convivencia social. Así lo describía Aristóteles: el hombre es un zoon politikon. En esta su forma de vida, busca la felicidad personal y social. Para lograrlo, ha creado un órgano regulador que le permita alcanzarla. El Estado, como ente regulador de la vida social, ha creado un sistema de normas que le permiten limitar la conducta de cada uno de los miembros. A ese sistema de normas se le conoce como Derecho. De esta forma, el Derecho regula todas las acciones de las personas, otorgándoles facultades y obligaciones. El Derecho obliga a que toda conducta social se encuadre en el orden jurídico estatuido por el Estado a través del Legislador.

En consecuencia, el Estado se obliga a mantener el orden jurídico garantizando al gobernado que todos estarán dentro de ese marco de acción legal, provocando la necesaria Garantía de Seguridad.

Por Seguridad entendemos la Garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos y, para el caso que llegará a suceder, el Estado le asegurará protección y reparación.

La Garantía de Seguridad implica la seguridad de que cualquier modificación legítima de los derechos y bienes del gobernado lo serán de acuerdo a los procedimientos jurídico legales previamente instaurados.



1.2.- Concepto de Derecho en General



Para que la vida social transcurra en paz, se requiere la buena voluntad y cooperación, pero no siempre se dan tales condiciones por lo que es necesario un ordenamiento que lo haga posible. Este ordenamiento lo que conocemos como Derecho y es creado por el Estado.

El Derecho es, de acuerdo a Fernando Castellanos Tena, la manifestación sistematizada del ejercicio del poder coactivo del Estado, cuyo fin primordial, de carácter mediato es, la paz y seguridad social.



1.3.- Surgimiento del Derecho Penal



El Derecho Penal surge como una necesidad del hombre que le impedirá hacer daño a sus congéneres en su persona o en sus bienes, es decir, prohibiéndoles rebasar los limites concedidos a sus libertades y derechos. El derecho penal surge como la herramienta que esgrime el Estado para eliminar e impedir los conflictos y lucha de intereses antagónicos y, por tanto, ofrece a sus integrantes la posibilidad de convivir bajo un estatus de paz y orden social.



1.4.- El Derecho Penal como Rama del Derecho Público Interno.



El Derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad. Tienen carácter bilateral, es decir, otorga derechos y facultades.

Con estos dos conceptos se puede hacer una primera división del derecho: Derecho objetivo (mandato) y derecho subjetivo, (facultad).

El derecho objetivo es la norma jurídica en sí que rige las relaciones de los individuos entre sí, de los individuos con el Estado, de éste con aquellos y de los Estados entre sí.

El derecho subjetivo, es la facultad de hacer o de no hacer algo (omitir) y se entiende como conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley, para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses.

El derecho objetivo se divide o clasifica en: derecho interno y derecho externo o internacional.

A).- Derecho Interno.- Es el conjunto de normas que rigen la organización y constitución del Estado y que rigen asimismo las relaciones privadas de los mexicanos.

B).- Derecho Externo o internacional.- Es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones del Estado Mexicano con otros Estados.

A su vez el derecho objetivo interno se divide en: derecho interno público y derecho interno privado.

A).- Derecho Interno Privado.- Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Se subdivide en: Derecho Civil y Derecho Mercantil.

B).- Derecho Interno Público.- Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones del Estado con los ciudadanos. Se subdivide en: Administrativo, Constitucional, Del trabajo, Agrario, Procesal y Penal.



1.5.- Concepto de Derecho Penal.



Es la rama del derecho publico interno relativa a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objetivo inmediato la creación y la conservación del orden social.

El Derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas que señalan las penas y medidas de seguridad que se han de imponer a las conductas catalogadas por el Estado como delictivas.

El Derecho penal subjetivo es el derecho del Estado para determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad.

El Derecho penal sustantivo es el derecho penal material y es el que se consagra en el código penal.

El Derecho penal adjetivo es el conjunto de normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. Es el derecho procesal penal.



1.6.- Características del Derecho Penal.



Público: Rige las relaciones del Estado con los particulares. General: su observancia y aplicación va dirigida a todos los gobernados. Normativo: Determina la manera como deben comportarse los sujetos a quienes va dirigido. Preventiva: conmina a abstenerse de realizar conductas contrarias a lo por el dispuesto. Impositivo: obliga a quienes va dirigido a atender lo por él dispuesto. Sancionador: impone penas o castigos a quien no cumple con lo por él ordenado. Tutelador: en razón de que ampara, defiende o protege. Finalista: su objetivo primordial es la conservación del orden social.



1.7.- Partes en que se Divide para su Estudio al Derecho Penal.



Para su estudio se divide en dos partes: Parte General: Comprende la teoría de la ley penal, teoría del delito y del delincuente y la teoría de la pena y medidas de seguridad. Parte especial: comprende los Delitos en particular, las individualización de penas y medidas de seguridad.



1.8.- Ciencias Penales



Son el conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad y se incluyen la Criminología el Derecho Penal, la Medicina Legal, la Criminalística, la Política Criminal y la Psiquiatría Forense.



1.9.- Evolución de las Ideas Penales.



En las diferentes etapas de la vida social de la humanidad se han registrado diferentes formas de control de conductas perjudiciales a la sociedad misma. Aunque hay diferentes autores en la clasificación de estas etapas, en todos los casos coinciden en que las etapas anteriores son modelos primitivos que ascienden en su consideración cada vez más objetiva y profunda de la naturaleza humana.

En primer término, autores como Cuello Calón, citado por Raúl Carrancá, citan la venganza privada representada por la “ley del talión” cuya ley permitía castigar al infractor con un daño igual al que cometió. La siguiente etapa es calificada como de la Venganza Divina en la cual se consideraba la ofensa como hecha a Dios y por tanto, en su nombre, la clase sacerdotal ejercía el castigo que buscaba congraciarse con el Dios ofendido. La novedad es la existencia de una autoridad encargada de aplicar el castigo.

La Venganza Pública es la siguiente etapa donde ya se distinguía la ofensa pública de la privada, se constituían tribunales que juzgaban a nombre de la colectividad, pero los castigos eran excesivos e inhumanos, excedían las facultades que la ley otorgaba y los juicios favorecían a los poderosos.

El siguiente Periodo llamado Humanitario es representado por la concepción de la ley penal que ofrece César Bonessana, Marqués de Becaria en contra del carácter excesivo y cruel de la etapa anterior.

La Etapa Científica es una continuación de la anterior y es representada por Francisco Carrara que encabeza consideración prioritaria del delincuente frente al delito, y la consideración de la pena como una forma de regenerarlo y no de castigarlo.



1.10.- Antecedentes del Derecho Penal en México



Los antecedentes del derecho penal en México se puede dividir en tres grandes etapas: el Precortesiano, el Colonial y el Independiente.

En la primera etapa, que incluye la concepción del Derecho penal por las culturas anteriores a la llegada de Hernán Cortés comprenden a los Mayas, quienes sin incluir la prisión, tenían como penas principales la muerte y la esclavitud; los Aztecas quienes ya distinguían entre el dolo y la culpa, los agravantes, los atenuantes, la reincidencia, el indulto y la amnistía. No obstante, las penas eran crueles y severas como la esclavitud, el destierro, la prisión y la muerte entre otras; los Tarascos, por su parte, entregaban la función de juzgar al sumo sacerdote y consideraban como pena la confiscación de bienes y la muerte.

En la siguiente etapa llamada Colonial era vigente una legislación de origen español que mantenía el sistema de castas, la aplicación de las penas con carácter represivo para negros y mulatos, con sistemas sumarios y con penas como trabajos en minas o azotes.

En el México Independiente el derecho penal se caracteriza por una legislación penal orientada al combate de los conflictos que se derivaron de la lucha independentista y de los enemigos políticos del grupo en el poder. Fue a partir de la Constitución de 1857 que se sentaron las bases para una legislación penal estable de origen propiamente mexicano.



1.11.- De las Escuelas Penales



Aunque son muy variadas las corrientes filosóficas que se encuentran en el trasfondo de pensamiento penalista del los juristas, son dos las escuelas en las que con mayor claridad se les pueden incluir:

La Escuela Clásica que sustenta sus ideas en el deber ser de las normas y en la libertad del individuo para acatarlas. El punto cardinal de la ley penal es el delito y no el delincuente, por lo que la pena es para regenerarlo y será proporcional al delito que se aplica para proteger a la sociedad.

La Escuela Positiva surge a la par que la filosofía del positivismo cuya fuerza estriba en el auge de las ciencias naturales. Es la contraparte de la escuela clásica. Considera que el delito es provocado por diversos factores psicológicos, sociales y físicos por lo que ahora se busca considerar al delincuente y su personalidad como centro de la materia penal. La pena debe ser proporcional a la peligrosidad del delincuente y se aplica con fines reeducativos y de protección social. Es más importante la prevención del delito que su represión.



1.12.- Teoría de la Ley Penal.



El estudio de la Teoría de la Ley Penal incluye las fuentes del derecho penal, la interpretación de la ley penal y los ámbitos de la ley penal.

Se entiende por fuentes del derecho penal el principio o fundamento de aquél y se clasifican en tres tipos: la Fuente Real que se constituyen por el conjunto de razones o motivos determinantes del contenido de las normas jurídicas. La fuente formal constituido por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La Fuente Histórica que son los medios materiales que nos permiten conocer el derecho vigente en el pasado.

La interpretación de la ley penal consiste en el ejercicio que se realiza para esclarecer el sentido de la norma. Por los sujetos que la realizan puede ser: privada, doctrinal, judicial y legislativa. Por los métodos empleados puede ser: gramatical, lógica o teleológica. Por sus resultados puede ser: declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva.

El estudio de los ámbitos de validez de la ley penal supone la determinación de la materia espacio, tiempo y personas en que aplica la norma. En cuanto a la materia puede ser federal que incluye la legislación aplicable a toda la república, o común que incluye la legislación aplicable sólo a un estado.

El estudio de la validez espacial de la ley penal hace referencia a la territorialidad y extraterritorialidad de su aplicación. Este segundo ámbito da origen al derecho internacional. En México aplica la ley del lugar donde se comete el delito.

La validez temporal de la ley penal supone el estudio del momento a partir del cual opera la obligatoriedad de una ley que se ha promulgado y su aplicación retroactiva, la cual está prohibida si es en perjuicio de la persona.

La validez personal de la ley penal hace referencia a los sujetos a quienes se les aplicará la ley penal en caso de ser encontrados culpables de la comisión de algún delito.



1.13.- Teoría del Delito y del Delincuente



Formalmente el delito puede definirse como el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En el delito participa el sujeto activo que lo constituye la persona que lo comete y el sujeto pasivo, que lo constituye quien recibe el daño o perjuicio en el interés tutelado por la ley. El objeto del delito puede ser material, es decir, la persona en quien recae el daño y el jurídico o bien protegido por la ley.

El delito también puede definirse sustancialmente, o intrínsecamente, como prefiere nombrarlo Carrancá, y es la acción humana antijurídica, típica, culpable y punible.

Por regla general, se consideran como elementos esenciales del delito la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Para Jiménez de Asúa, también son elementos del delito la imputabilidad, punibilidad y las condiciones objetivas.



1.13.1.- La Conducta



Es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito. Puede presentarse como una acción, una omisión o una comisión por omisión. En todo caso, la acción debe estar conectado a un resultado material por un nexo causal. Dicho de otra forma, la acción debe ser la manifestación de la voluntad que produce un resultado o consecuencia y existir una relación causal entre la voluntad y la consecuencia..

En los delitos de acción se hace lo prohibido, se viola una ley prohibitiva. En los de omisión se deja de hacer lo obligado por la ley. En los delitos de comisión por omisión se omite la abstención a que estaba obligado.

Para que el delito se configure es necesario que existan todos los elementos que constituyen esencialmente el delito. Si falta alguno de ellos, entonces no se configura el delito.

En relación a la conducta, su ausencia impide configurar el delito. No existe crimen sin acción. (Art. 15, fr. I CPF. Art. 24. fr. I, CPCH)).



1.13.2.-La Tipicidad y su Ausencia.



De acuerdo a la Constitución, (Art. 14) “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate”. Esta disposición dogmática obliga a considerar como delitos sólo los que estén contemplados por la ley, es decir, solo son delitos aquellas conductas que reúnan las características del tipo.

El Tipo es la figura delictiva creada por el estado a través de una norma jurídica o ley descripción del comportamiento antijurídico. Por tanto, la tipicidad será el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha por la ley

Con la tipicidad podemos decir que no hay crimen sin ley como también podemos decir que no hay delito sin tipo.

La ausencia del tipo es entonces cuando una conducta no es descrita como delito por una ley. La ausencia de tipicidad es la falta de adecuación de una conducta a un tipo penal.

Las causas que dan origen a la atipicidad son: ausencia de la calidad exigida por la ley en cuanto a los sujetos activo y pasivo, por ejemplo en el delito de peculado el sujeto activo ha de tener la calidad de servidor público. Si falta el objeto material o el objeto jurídico o ambos, por ejemplo cuando se pretende privar de la vida a quien ya no lo tiene. Cuando se dan las referencias temporales o espaciales requeridas en el tipo, por ejemplo en el delito de asalto se requiere que se cometa en despoblado, con violencia. Al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados en la ley, por ejemplo, en el delito de violación se requiere que se realice por medio de la violencia física o moral. Si faltan los elementos subjetivos de injusto legalmente exigidos, por ejemplo en el delito de peligro de contagio la norma establece que el que ha sabiendas de que está enfermo de un mal. Por no darse en su caso la antijuricidad especial, por ejemplo en el allanamiento de morada se establece “al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca. . .”.



1.13.3.- La Antijuricidad y su Ausencia.



La antijuricidad se le define como la contradicción al derecho. Por tanto, su ausencia, hace imposible el delito.

El acto será formalmente antijurídico cuando implique trasgresión a una norma establecida por el estado (oposición a la ley) y el acto será materialmente antijurídico en cuanto signifique contradicción a los intereses colectivos.

Una conducta es antijurídica cuando siendo típica no esta protegida por una causa de justificación. Estas causas son el aspecto negativo de la antijuricidad y en el Código penal están consideradas como causas de exclusión del delito. Para que tengan efecto justificatorio, las causas de exclusión del delito deben estar expresamente declaradas en la ley y tendrán su efecto tanto en la responsabilidad civil como en la penal.

Por declaración expresa del legislador las causas de justificación excluyen la antijuricidad cuando no existe el interés que se trata de proteger o cuando existiendo dos intereses juridicamente tutelados, no pueden salvarse ambos.

La primera condición conocida como ausencia de interés se da cuando prevalece el consentimiento del ofendido y puede presentarse en dos formas: cuando el titular de un derecho tutelado por la ley consiente la conducta de un tercero que lesiona ese interés privado y tutelado y cuando el la ley juzga ilícita una conducta si no cuenta con el consentimiento del sujeto pasivo, por ejemplo, en el delito de allanamiento de morada la norma establece “o sin permiso de la persona autorizada para darlo”.

La segunda condición conocida como interés preponderante se da cuando la ley considera existente un conflicto entre dos intereses tutelados y opta por salvar el de mayor valía. Es el caso de la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho.



1.13.3.1.- La Legítima defensa, .



Consiste en la repulsa de una agresión antijurídica y actual o inminente por el atacado o por terceras personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la protección. Para que exista la legítima defensa, el artículo 24 fracción V del CPCH establece que debe existir una agresión injusta y actual, un peligro inminente de daño y la repulsa de la agresión.



1.13.3.2.- Estado de necesidad.



Se contempla por el artículo 24 fracción VI del CPCH y consiste en el peligro actual o inmediato para bienes jurídicamente protegidos que sólo puede evitarse mediante la lesión de bienes también jurídicamente protegidos, pertenecientes a otra persona. Se encuadran en esta justificación el aborto terapéutico y el robo de famélico.



1.13.3.3.- Cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho e impedimento legítimo.



Las dos primeras consisten la acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se realice con el sólo propósito de perjudicar al otro. Están contemplados en el art. 24 fraccs.IX del CPCH.

El impedimento legítimo consiste en omitir un hecho debido por un impedimento legítimo o insuperable y lo contempla el art. 24 fraccs.IX del CPCH. El CPF no contempla el impedimento legítimo como causa de justificación.



1.13.3.4.- Consentimiento del interesado.



Esta causa de justificación la prevé el artículo 24 fracc. II del CPCH y consiste en lesionar oponer en peligro un bien jurídico disponible cuando su titular haya otorgado su consentimiento, o que las circunstancias permitan presumir que daría dicho consentimiento.



1.13.4.- Imputabilidad.



Para que un individuo sea declarado culpable de la comisión de un delito debe ser considerado por la ley como una persona imputable, es decir, que sea capaz de entender la conducta por él realizada, y capaz de querer llevar a cabo dicha conducta. Por lo tanto, la imputabilidad se constituye por la capacidad del sujeto para entender y querer la comisión de un delito.

La imputabilidad se determina por la edad que debe ser de 18 años y la facultad de entender y querer del individuo.

Como consecuencia de la imputabilidad es la responsabilidad, es decir, la obligación de responder de los actos propios.

El imputable puede colocarse en ese supuesto cuando de manera involuntaria se pone en un estado de inconsciencia o incapacidad para cometer el delito. A este supuesto se le conoce como Acciones libres en su causa. Sin embargo, el Código penal del Estado de Chihuahua, en su art. 24, fracción II, dice que esta causa de justificación no es procedente si el agente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuera previsible.



1.13.4.1.- La Inimputabilidad.



La inimputabilidad es la condición inherente a un sujeto y por la cual no se le puede considerar culpable penalmente de sus acciones u omisiones. Las causas de esta negación de la imputabilidad son todas aquellas capaces de anular o neutralizar el desarrollo o la salud de la mente de tal forma que el sujeto carece de aptitud psicológica para la delictuosidad. Es el caso del Art. 24 de CPCH en su fracción II primera parte: “al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado . . .”.

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentra considerablemente disminuida se estará a lo dispuesto en el artículo 61, es decir será considerado delito culposo. El Código federal lo considerará como imputabilidad disminuida en su Artículo 69 bis.



1.13.4.2.- La inimputabilidad en los menores de edad.



Las acciones u omisiones de los menores de 18 años no caen dentro del ámbito del derecho represivo por tanto cuando un menor de edad exterioriza una conducta que encuadra en algún tipo de los señalados por el código penal, el delito no se configura. Son inimputables. Esta causa de inimputabilidad se establece en el artículo 4 de la ley para el tratamiento de menores infractores.



1.13.5.- Miedo grave y temor fundado.



Estas dos excluyentes de responsabilidad son para el caso del miedo, la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza y para el temor, el recelo de un daño futuro que alguien nos puede ocasionar.



1.13.6.- Culpabilidad y ausencia de culpabilidad.



La culpabilidad supone la existencia y valoración de una conducta típica y antijurídica de un sujeto imputable. Se constituye por el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprobabilidad personal de la conducta antijurídica. Es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto.

Supone, por parte del agente activo el querer la conducta y el resultado. Es lo que se conoce como conducta dolosa o culposa consideradas en el Art. 9 del CPCH y 8 del CPF.

La culpabilidad se puede presentar como dolo o como culpa.

El dolo se considera en el art. 10 del CPCH y el 9 del CPF. Este último dice que “obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley”.

La culpa en cambio consiste en realizar una acción sin la debida atención y precaución, ocasionando por este descuido, un resultado que lesiona intereses ajenos y el cual pudo haberse evitado y consecuentemente eliminar la sanción correspondiente. Puede ser de manera consciente o inconsciente. En la primera el agente preveé y espera que no ocurra la lesión de un interés ajeno y en la segunda no prevé la posibilidad de que se presente el resultado típico, a pesar de que debió de haberlo previsto.

Para el caso fortuito, la conducta ilícita no podrá ser punible se presenta como resultado de una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Supone la existencia de una conducta lícita, precavida del agente y una fuerza extraña.



1.13.6.1.- La Inculpabilidad.



La Inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad, es decir, la ausencia del conocimiento y la voluntad en el sujeto activo.

Las causas de esta excluyente de la responsabilidad son el error, que afecta el elemento intelectual, la coacción sobre la voluntad que afecta el elemento volitivo o emocional y la no exigibilidad de otra conducta.

El error es el falso, incorrecto o equívoco de la verdad. La ignorancia en cambio es la ausencia de conocimiento. Estas serán causa de inculpabilidad si originan tienen que ver con un conocimiento equivocado o desconocimiento sobre la ilicitud de su conducta.

Es un error esencial o de tipo cuando recae sobre los elementos esenciales del delito y es causa de inculpabilidad. Si es indirecto, es decir, recae sobre aspectos no esenciales del delito, no es causa de inculpabilidad.

Error de derecho o prohibición consiste en ignorar la obligación que tiene de respetar la norma penal correspondiente a pesar de conocer la acción cometida.

En la comisión de delitos puede darse el caso de una eximente putativa. Esta significa el creer insuperablemente, el agente activo, estar amparado en una justificante al realizar el hecho típico.

Las eximentes putativas las considera el CPCH en su art. 24, fracc. XII, inciso b. Yel CPF en su artículo 15, fracción viii, inciso b) párrafo final.

La no exigibilidad de otra conducta considerada en el art. 24, fracc. XIV del CPCH consiste cuando por las circunstancias del caso y las condiciones personales del agente activo , le impiden razonablemente que se conduzca conforme a derecho.

Es el caso de esta causa de inculpabilidad el temor fundado, el encubrimiento de parientes y allegados y el estado de necesidad respecto de bienes con valor equivalente.



1.13.7.- La Punibilidad y su Ausencia



La punibilidad es el merecimiento de una pena con motivo de la comisión o la omisión de una conducta considerada como delictuosa.

La punibilidad no es un elemento esencial del delito sino una consecuencia del mismo pues cuando existe una hipótesis de ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, concurre una conducta o hecho, típica, antijurídica, imputable y culpable, pero no punible en tanto no se llene la condición objetiva de punibilidad.

Las condiciones objetivas de punibilidad son aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación, por ejemplo la declaración judicial de quiebra para proceder por el delito de quiebra fraudulenta.

En contrario, las excusas absolutorias o la ausencia de punibilidad son aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho impiden la aplicación de la pena.

Son excusas absolutorias la mínima temibilidad, el aborto por imprudencia, el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, el aborto terapéutico, el encubrimiento de parientes y allegados, la excusa por favorecer la evasión de algún detenido, procesado o condenado, condicionado a que no haya uso de violencia, la excusa para determinados familiares de un homicida si ocultan, destruyen o sepultan sin la correspondiente autorización el cadáver del occiso y la excusa por graves consecuencias sufridas por el sujeto activo en su persona y por su senilidad o su precario estado de salud.



1.14.- Iter Criminis



Cuando el sujeto activo concibe el delito, este surge a la vida y culmina con su exteriorización después de un proceso de deliberación y resolución. A este proceso se le llama iter criminis, es decir, camino del crimen.

El delito doloso tiene una fase interna y una externa. El culposo, solo una externa.

La interna va desde el momento de la concepción hasta el momento de llevarla a cabo. Sus fases son la idea criminosa, la deliberación y la resolución. La fase externa principia con la manifestación de la idea y termina con la ejecución. Sus fases son la manifestación de la idea, la preparación y la ejecución.

En la fase externa se ubica la tentativa que se define como la ejecución incompleta de un delito y es punible.



1.14.1.- La Participación o Concurso Eventual.



La participación o concurso eventual consiste en la participación voluntaria de dos o más sujetos en la comisión de un delito en el que el tipo penal no contempla que se actúe conjuntamente. Son delitos unisubjetivos pero que participan dos o mas subjetividades innecesariamente.



1.14.2.- Concurso Necesario.



Consiste en la voluntaria participación de dos o más personas en la realización de un delito porque así lo exige el tipo para poder estructurarse como en el adulterio o la asociación delictuosa.

Si en el delito unisubjetivo participa principalmente sólo una persona se le llama autor; si participan principalmente varios, se le llama coautores. A los responsables accesorios o indirectos se les llama cómplices.



1.14.3.- Concurso de delitos.



El concurso de delitos ocurre cuando se presentan varios violaciones a la ley. Es un concurso ideal cuando se presenta una sola conducta para cometer varios delitos y es material cuando se presentan varias conductas para varios delitos.

A diferencia del concurso, el delito continuado es aquel en el que se prolonga sin interrupción, por más o menos tiempo la acción o la omisión que lo constituyen como es el caso de la privación ilegal de la libertad.

En esta misma dinámica de participación se encuentra el concurso aparente de leyes que ocurre cuando un hecho delictivo puede quedar tipificado en preceptos legales diferentes.

Por otra parte, la reincidencia se constituye con la reiteración de una misma conducta delictiva en el agente activo ya sancionado con anterioridad, en cambio, la habitualidad es una especie agravada de reincidencia.



1.15.- Teoría de la Pena y de las Medidas de Seguridad.



Una pena es la sanción que impone el Estado al agente activo considerado culpable. El Estado aplica la pena para readaptar al delincuente a la vida social, para invitar a todo ciudadano a respetar la ley y para defender o amparar a la sociedad.

Así, las penas deben ser intimidatorias, correctivas, ejemplares, eliminatorias (reclusorias) y justas.

Las penas y medidas de seguridad las establece el código penal federal en el artículo 24 y en el artículo 26, en 19 apartados del CPCH.

Para la aplicación delas penas, la legislación penal impone al juez la obligación de tomar en consideración todas las circunstancias que rodearon el hecho criminal así como las circunstancias personales del delincuente para imponer una pena.

De acuerdo al art. 75 del CPCH, la condena condicional es una medida por la cual el juzgador suspende la ejecución de prisión y aplica como medida de seguridad la vigilancia del inculpado por parte de la autoridad.

En cambio, el art. 72 del mismo código contempla la libertad preparatoria como recurso para reconocer la rehabilitación del reo concediéndole la libertad cuando ya han cumplido una parte de su condena y observaron en la prisión buena conducta.

En los delitos contra la seguridad del Estado, el CPCH en su art. 70 contempla la conmutación de la pena por multa o confinamiento, aplicada exclusivamente por el titular del ejecutivo del Estado.

La pena de prisión puede ser sustituida a criterio del juzgador y siempre que el sentenciado reúna determinadas circunstancias, por: trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando no exceda, la pena que se impuso, de cuatro años. Por tratamiento en libertad, si la pena de prisión impuesta no excede de tres años o, por multa sino excede de dos años.

La pena se extingue por el cumplimiento de la pena, la muerte del delincuente, la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido, la rehabilitación, la prescripción, la aplicación de una nueva ley que es favorable al condenado, la existencia de una sentencia anterior y la declaración de inocencia.



1.16.- Relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas



El Derecho penal es parte de la ciencia jurídica, y por tanto, se relaciona con el resto de las disciplinas que lo forman. De manera especial tiene relación con el Derecho Constitucional por cuanto de la Constitución toma su fundamento, por ser ella la norma fundamental de todo el sistema jurídico. Por otra parte, con el Derecho Civil guarda relación por cuanto “la vía para asegurar la paz debe desarrollarse en dos direcciones: la de un lado prohibiendo que los conflictos se resuelvan mediante la guerra y por el otro permitiendo que con un medio diverso de la guerra se obtenga su resolución”.(Carneluti). Finalmente, con el derecho procesal pro cuanto a que es el derecho procesal el que rige la organización del poder judicial y la forma de hacer promociones ante el mismo.

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